¿ESCENARIO DE SANGRE EN LA CASA DEL PRESIDENCIABLE?
JUAN LÁZARO SANTIAGO
El secretario general del gobierno del estado de México, Luis Miranda Nava y el presidente del PRI estatal, Ricardo Aguilar Castillo, deben de mostrar inteligencia y capacidad de negociación con la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela y la organización Antorcha Campesina, para terminar con un conflicto social que inició el pasado martes seis de abril, cuando ejidatarios y policías municipales desalojaron a unos 500 colonos, sin orden de un juez y con abuso de autoridad de un predio ubicado en el paraje Tierras Blancas, de ejido de Tepojaco.
Luis Miranda, según la organización antorchista, fue el que autorizó para ellos, 27.5 hectáreas de tierra para un proyecto de vivienda, por ello, debe de dar una solución, por ser autoridad involucrada en el conflicto social.
Además, de que está obligado a mantener el orden y la paz social en ese municipio, para evitar nuevos enfrenamientos entre la autoridad local y los antorchistas.
Y Ricardo Aguilar, líder del PRI estatal, debe de meter las manos e intentar pacificar las confrontaciones entre el grupo priista de Alejandra del Moral con sus compañeros de partido, los antorchistas ¿o acaso va a permitir que la imagen del PRI se manche otra vez de sangre y muerte como ya ocurrió en Ixtapaluca y Chimalhuacán?
Luis Miranda y Ricardo Aguilar, parecen haber olvidado ya las tragedias que ocasionaron “distinguidos” priistas como ellos.
El tres de noviembre del 1990, el entonces alcalde priista de Ixtapaluca, Alberto Medina Sansores, planeó con campesinos de la CNC el desalojó de antorchistas de una zona conocida como Citlalmina: el resultado, brutalidad policiaca contra los integrantes de la organización de Antorcha y el asesinato de Gonzalo López Cid.
El 18 de agosto del 2000: Guadalupe Buendía Torres, “La Loba”, distinguida líder del PRI, organizan una resistencia armada en el palacio municipal de Chimalhuacán, para evitar el ingreso de Jesús Tolentino Román Bojórquez, como alcalde. El resultado, asesinatos de antorchistas (se hablan de 15 muertos) y represión policiaca.
Entonces gobernaban el estado Ignacio Pichardo Pagaza y Arturo Montiel Rojas, respectivamente ¿el mismo escenario de sangre lo quieren en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿ Ese mensaje saldrá de la tierra del aspirante más fuerte del PRI a la presidencia de la República?
Porque ahora, la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral, recicla esos mismos esquemas. Copia la misma estrategia de Alberto Medina Sansores, se pone de acuerdo con los campesinos de ejido Guadalupe, para ir a sacar a puñetazos a los antorchistas que estaban en la zona del Nuevo Centro de Población Ejido de Guadalupe.
O sea ordena y apoya un desalojo, sin orden prevista por un juez, con la fuerza pública, para sacar con violencia a los antorchistas, donde hubo heridos y más de 30 detenidos ¿la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli esperaba ver muertos para justificarse y echarle la culpa a “los violentos” antorchistas?
¿Acaso – le pregunto a usted amigo lector- la alcaldesa no violó la ley al tomar estas decisiones represivas? Cualquier ciudadano sabe que en ese desalojo hubo abuso de autoridad, lesiones, daños en propiedad ajena, entre otras arbitrariedades ¿Luis Miranda le va a perdonar sus delitos a la alcaldesa?
Y preguntó esto porque hasta el momento no he visto a ningún funcionarios del municipio de Cuautitlán Izcalli o a un ejidatario detenido por las agresiones, incluso la presidenta municipal debería estar sujeta a una investigación por los diverso delitos que cometió con la represión policiaca ¿acaso se le perdonara por ser de la clase política del PRI?
¿O porque la procuraduría estatal está más enredada con el caso de la niña Paulette que en atender otros delitos en el estado de México como los que incurrió Alejandra del Moral?
Ahora, también preguntó ¿Antorcha Campesina que delitos cometió? ¿Invadir terrenos? La diputada Maricela Serrano Hernández, mostró públicamente un plano del gobierno del estado de México donde, según ella, Luis Miranda Nava, les otorgó 27. 5 hectáreas para un proyecto de vivienda. Y los terrenos que se iban a lotificar se pagarían al IMEVIS.
¿Es delito tomar piedras y lanzarlos contra la policía y ejidatarios que llegaron con la consigna de sacarlos a la fuerza de ese predio? ¿Qué haría usted amigo vecino sí alguien llega a su casa y lo empieza a golpear? ¿Qué haría?
Luis Miranda Nava, como secretario general del gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene la obligación, si amigos lectores, la obligación, de poner en claro lo que ocurrió el pasado seis de abril en Cuautitlán Izcalli. Si la alcaldesa Alejandra del Moral tiene culpa o los antorchistas son invasores, pues que se haga público y se consigue penalmente a los responsables, que se le informe a la sociedad mexiquense, porque después se fabrican historias que solo dañan a los actores involucrados.
Nada más vea como la imagen de la madre de esta niña Paulette ha sido enlodada, se le considera como principal responsable del crimen, cuando no hay pruebas –nadie es culpable de un delito hasta que se compruebe- , así pasa con otra situaciones en el estado de México.
Por ello, Luis Miranda y Ricardo Aguilar, deben de ser en verdad políticos, consensar con estos actores priistas en conflicto y dar una solución pacifica ¿para que más violencia en un estado donde vive el presidenciable más fuerte del PRI?
PARA EL ARCHIVO…
La empresa inmobiliaria FRISA invadió 47 hectáreas del ejido de Tepojaco en 1997 y el gobierno del estado de México quedó calladito.
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