Del Moral Vela, bautizo de sangre
Lorenzo Delfín Ruiz
20:55 hrs, 07 de Abril 2010
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Mientras maduran nuevas hipótesis en torno a las causas reales que movieron a la joven presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela, de involucrarse con su policía municipal en el brutal desalojo de 500 familias menesterosas del predio Ejido de Guadalupe, toman forma, y emergen a la luz pública, algunas figuras del engendro político-mercantil que se ha adueñado de ese municipio como los verdaderos autores intelectuales del violento desahucio.
Cual vil juego de escondidillas, tras esas siluetas que se escudan en las faldas de la jovencita priísta Del Moral, que curiosamente demuestra a garrotazos contra familias jodidas el amor que dice sentir por Cuautitlán Izcalli, se asoma apenas la puntita de la cola del enorme e insaciable monstruo inmobiliario privado que se alimenta precisamente de lograr con baja inversión la posesión de enormes predios ajenos.
El asunto de la propiedad, posesión y adjudicación legal del predio es tan complejo e intrincado, como intrincado es el conflicto en el que la alcaldesa, de apenas un cuarto de siglo de edad, se ha metido. O la han metido, cosa que no la libera de responsabilidad alguna.
Un apretado resumen del jurídico estado de cosas en Ejido de Guadalupe exhibe una madeja legaloide y de ambiciones y trácalas sin freno.
En medio, un voluminoso grupo de familias adheridas a la organización Antorcha Campesina, urgidas de vivienda y sorprendidas a sangre y fuego entre los oscuros intereses de famosos (por sobradamente conocidos) vivales vende-tierras, funcionarios corruptos y tiburones inmobiliarios con escrúpulos apenas comparables a los de la pandilla político-familiar que condujo al despeñadero al país en el año 2000 y cuyas reminiscencias contagian al actual gobierno federal de manera insolente.
Dos grupos ejidales, de Tepojaco y Guadalupe, se encuentran en disputa abierta por 245 hectáreas del parque “Ignacio Pichardo Pagaza”, de innegable valor en las inmediaciones del Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli. La incertidumbre, sin embargo, ha sido aprovechada desde hace 25 años por un grupo de presuntos ejidatarios que han vendido y revendido la tierra cuantas veces han podido. Sus principales cabezas son Orlando Guerrero Mendo, Jorge Belén Arvizu, Guadalupe Olguín, Crescencio Moreno Merino, Luciana de Jesús Sarragas, Magdalena Victoriano García y Mario Rodríguez, actual presidente del Comisariado Ejidal.
Como otras tantas, las 500 familias antorchistas cayeron en sus garras; les compraron 8 hectáreas y en ellas formaron la colonia Ejido de Guadalupe. Convencidas después de que fueron esquilmadas y ante la presión de aquellos “campesinos” que pretendieron “recuperar sus tierras”, recurrieron al Gobierno del Estado de México, cuyo secretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, convino con ellos regularizar la situación jurídica del predio, respetando los derechos de propiedad de los precaristas.
El “respeto a los derechos de propiedad” de los antorchistas fue evidenciado el martes 6 cuando 250 policías municipales, 50 de ellos de la policía montada, y unos 120 “ejidatarios” de Tepojaco, la emprendieron a toletazos, pedradas y garrotazos en contra de los antorchistas; derribaron casas, calcinaron enseres e incendiaron vehículos. El operativo reportaría además un promedio de 40 detenidos y 33 descalabrados, todos del bando antorchista.
La información sobre la conducta de la alcaldía, particularmente de la alcaldesa Del Moral Vela, es harto curiosa: en la víspera, el lunes 5, uno de los dos grupos de presuntos campesinos que se disputan la tierra, precisamente los de Tepojaco y en cuya cabeza se identifica a Eleuterio Ortega Silva y Mario Rodríguez, sostuvieron con la funcionaria una reunión donde le “exigieron” el desalojo inmediato de los antorchistas. La declaración oficiosa es que Del Moral ofreció de plazo una semana “para conciliar”, a lo que sus exigentes interlocutores se opusieron y reiteraron su exigencia de celeridad, pues al fin y al cabo ellos dirigirían la desocupación que, estaba previsto, sería violenta.
Fue entonces que la funcionaria municipal “decidió” enviar la fuerza pública “para impedir” que las aguas se salieran de su cauce. Agua y sangre corrieron a raudales y, en contraposición brutal a su supuesta actitud imparcial y conciliatoria, la presidenta municipal detuvo a 40 antorchistas, quienes involuntariamente ponen en evidencia de qué lado está la funcionaria.
Malo que la alcaldesa no haya dejado, como debió dejar, que el Poder Judicial hiciera su trabajo y determinara la razón que asiste a cada una de las partes en el conflicto, y que el Gobierno del Estado culminara y cumpliera el convenio a que había llegado con los ocupantes de las 8 hectáreas.
Pero el encanto de la filtración vino a dar con la punta de la madeja: detrás de la decisión de la presidenta municipal fue ubicada la influencia (con fines de negocio inmobiliario) de su padre, José Ismael del Moral Castro, ex candidato priísta a la alcaldía en el año 2000, ex líder municipal del PRI, integrante del Grupo Médico Integral Cuautitlán Izcalli, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del EdoMex (Achopem), y sobre quien pesa la grave acusación de haber sido beneficiario, junto con iglesias cristianas, particulares y empresarios, de descuentos irregulares en el consumo de agua por parte del Organismo Operador de Agua Potable (Operagua) durante la funesta y recientemente concluida administración municipal de David Ulises Guzmán Palma, del Partido Acción Nacional.
La hayan llevado o no al baile, y con todo y que se pudiera anteponer como atenuante su escasez de edad, la alcaldesa Del Moral debe asumir la responsabilidad política y administrativa por haber participado, de manera consciente o inconsciente, en un “negocio” con tintes oscuros y eventualmente bajo la sombra ominosa de su padre.
Debe enfrentar Del Moral Vela éstas y futuras consecuencias de un acto que le permitió su “bautizo de sangre” en las lides políticas, y que pudiera complicarse porque los fraccionadores clandestinos hace tres semanas ya lo habían “prometido”: importarían de la zona más violenta del estado de Guerrero a verdaderos criminales, asesinos a sueldo, para realizar el “trabajo sucio” de desalojar a los antorchistas.
Trabajo sucio que, en los hechos, ayudó a realizar la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli.
